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04-11-2011 Los impagos del Consell acentúan el malestar en los acreedores

Hace tiempo que la manguera con la que la Generalitat trata de apagar las protestas de los distintos sectores que denuncian los impagos de la Administración valenciana se ha quedado corta. Las quejas se intensifican entre los farmacéuticos, dependientes, abogados de oficio o entidades que atienden a menores, que cada día que pasa ven como su situación se agrava a medida que crecen las deudas. Estos son algunos de los sectores más afectados. - Protesta en dependencia y salud mental. La Federación Patronal de Asistencia a la Dependencia ha elegido la Comunidad Valenciana para comenzar una campaña de denuncia de los impagos. La protesta consiste en paros de 25 minutos que tendrán lugar hoy a mediodía en la puerta de los centros. La Generalitat adeuda 75 millones de euros al sector. Las residencias de personas dependientes llevan sin cobrar entre cuatro y seis meses, según apuntan desde la patronal valenciana. Peor aún es la atención a personas con enfermedad mental, cuyas asociaciones llevan un año sin percibir las ayudas que les corresponden. "Algunas de estas entidades están al borde de la quiebra", indican desde el sector. - Problemas en los centros de acogida, de día y de aplicación de medidas judiciales de menores. Los impagos dan lugar a situaciones paradójicas como la que afecta a los centros de acogida de menores. Las entidades que los gestionan son las encargadas de cuidar a los chavales tutelados por la Administración valenciana por encontrarse en situación de riesgo. La Generalitat les adeuda un 40% del pago anual. Ello supone que la Administración responsable de la guarda o custodia de estos menores no cumple con las entidades encargadas por la propia Generalitat de cuidar a sus chicos. La situación de los centros de día o de las entidades encargadas de ejecutar las medidas judiciales, un tipo de acciones preventivas destinadas a evitar la cronificación de conductas negativas, es más grave. Llevan un año sin percibir sus ayudas. - 840 millones de deuda con los farmacéuticos a fin de año. Si nada lo remedia -y la Generalitat ha señalado repetidamente que lo más probable es que no pague hasta enero- la deuda de la Administración valenciana con las farmacias será de 840 millones a final de año, según denunció ayer la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles. La Generalitat no paga desde el mes de julio y la situación de algunas de las farmacias comienza a ser muy delicada. Treinta han acudido al concurso de acreedores en la provincia de Valencia. Para hoy está prevista una reunión en el Colegio de Farmacéuticos de Valencia en la que los ánimos están muy caldeados. No se descarta que se acuerden medidas de cierre y protestas coordinadas. El Colegio de Farmacéuticos de Castellón celebró ayer una nueva y tensa asamblea extraordinaria para abordar una situación a la que no ven salida. La deuda de la Generalitat con las casi 300 farmacias de la provincia es de 60 millones de euros. El presidente del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Alicante, Jaime Carbonell, descartó ayer que algunos establecimientos de Alicante estén cobrando o prevean hacerlo a corto plazo. - Deuda de 10 millones con el turno de oficio. En lo que va de año sólo ha abonado una fracción de las asistencias prestadas por los abogados de oficio y la deuda con el servicio se eleva a 10 millones de euros. Los problemas de liquidez de la Generalitat han abocado al Consell a proponer novedosas fórmulas de cobro a sus acreedores, como es ofrecer bonos patrióticos como pago, según algunas fuentes. Sin embargo, los abogados se han negado a aceptar esta suerte de pago en especies. Fuentes del Consell negaron ayer que se les haya ofrecido esa posibilidad. El Consejo Valenciano de Colegios de Abogados se reunió el 24 de octubre con técnicos de la consejería y, ante la falta de acuerdo, lo volverán a hacer el lunes. - Quiebra de la red asistencial a drogodependientes. Representantes de entidades de atención a drogodependientes se concentraron ayer frente a la Consejería de Sanidad para reclamar el pago de las deudas pendientes de 2011 y denunciar el riesgo que existe de mantenerse la red asistencial actual -integrada fundamentalmente por ONG- si la Generalitat abre esta parcela a las grandes empresas, como tiene previsto.